ARTICULO 21. Texto actualizado conforme a la D. F. 1ª de la Ley 1/2000 de E.C. Índice   Proceso monitorio (L.E.C.)

1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del Articulo 9  deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma  determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador,  si así lo acordase la junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a  través del proceso monitorio.

2. La utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación  del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de  propietarios por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del  presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios  afectados en la forma establecida en el Articulo 9 .

3. A la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado  anterior podrá añadirse la derivada de los gastos del requerimiento previo de  pago, siempre que conste documentalmente la realización de éste, y se acompañe a  la solicitud el justificante de tales gastos.

4. Cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder  solidariamente del pago de la deuda, podrá dirigirse contra él la petición  inicial, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el actual propietario.  Asimismo se podrá dirigir la reclamación contra el titular registral, que gozará  del mismo derecho mencionado anteriormente.

En todos estos casos, la petición inicial podrá formularse contra cualquiera de  los obligados o contra todos ellos conjuntamente.

5. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el  acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél,  para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas.  El tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que  el acreedor preste caución. No obstante, el deudor podrá enervar el embargo  prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado. 

6. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los  servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar las cantidades  debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los  límites establecidos en el apartado tercero del Articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que  devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento  de pago como si no compareciere ante el tribunal.

En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en  materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente  favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del  abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no  hubiera sido preceptiva.