1.
El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y
representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de
resoluciones dictadas en procesos
en que no sea preceptiva la intervención de dichos
profesionales.
Para
la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido
oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador
siempre que la cantidad por la
que se despache ejecución sea superior a 150.000 pesetas.
2.
En las actuaciones del proceso de ejecución para las que esta Ley prevea
expresamente pronunciamiento sobre costas, las partes deberán
satisfacer los gastos y costas
que les correspondan conforme a lo previsto en el artículo 241
de esta Ley, sin perjuicio de los reembolsos que procedan tras la
decisión del tribunal sobre las
costas.
Las
costas del proceso de ejecución no comprendidas en el párrafo anterior serán
a cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta
su liquidación, el ejecutante
deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan
produciendo, salvo los que correspondan a actuaciones que se realicen a
instancia del ejecutado o de otros sujetos, que deberán ser pagados
por quien haya solicitado la
actuación de que se trate.